El Presidente del Bloque de Diputados del Partido Socialista, Lisandro Viale, participó esta mañana de una conferencia de prensa en el local del socialismo uruguayense, donde presentó ante diversos medios de la ciudad y de la región el Proyecto que la bancada impulsa en el Congreso de la Nación, por medio del cual se propone la convocatoria a una consulta popular vinculante por el 82% del salario mínimo, vital y móvil para los jubilados de nuestro país.Cabe señalar que la iniciativa del 82% móvil ya había sido aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados en el año 2010, pero luego fue vetada por el Poder Ejecutivo a través de la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, en una inexplicable reacción que tiende a perjudicar a millones de argentinos.
Entre las diversas cuestiones abordadas, Viale planteó que "resulta contradictorio, para un gobierno que se dice progresista, seguir postergando una demanda legítima como lo es la que estamos planteando aquí, lo cual se ve agravado en un país donde la legislación regresiva en materia de ingreso hace que los más pobres estén tributando para mantener a los más ricos". Además, señaló que la presente propuesta, promovida desde el bloque que preside en la Cámara de Diputados de la Nación, "cuenta con el apoyo de otras fuerzas políticas dentro de lo que consideramos el arco progresista, el cual incluye al radicalismo, el GEN y Proyecto Sur", entre otras fuerzas afines, además de sectores de la CTA y diversas organizaciones sociales, con quienes se pretende construir un Frente Progresista como el que ya existe en Santa Fe, el cual permita acceder al gobierno en las próximas elecciones y así llevar adelante medidas tendientes a alcanzar, entre otras cosas, una mayor equidad en la distribución de la riqueza. También indicó que la iniciativa tiene como principal propósito "asegurar el presente y futuro de los jubilados mediante una Ley, como corresponde, en lugar de hacerlo de manera ocasional y a través de aumentos insuficientes que son decretados por el Poder Ejecutivo, lo cual coloca a los jubilados en situación de dependencia respecto del gobierno de turno".En tanto, también fue consultado al respecto el referente del socialismo a nivel local, Américo Schvartzman, mencionado en estos días como posible candidato para conducir el Municipio, quien se manifestó a favor de la medida en tanto que apunta a legitimar los reclamos de los jubilados argentinos.
De esta manera, el docente, periodista y ex Convencional Constituyente remarcó que "no es justo para la sociedad que tengamos que seguir hablando de una ANSES rica con jubilados pobres, ya que el dinero que ingresa al ente gubernamental luego es destinado a financiar proyectos a medida del oficialismo, mientras que los jubilados siguen sin ver garantizado un salario que les permita estar por encima de la línea de la pobreza". Schvartzman hizo además hincapié en el ejemplo de Santa Fe, provincia que el socialismo gobierna desde 2007 dentro del Frente Progresista, donde se paga el 82% móvil a todos los jubilados, apelando a dicha referencia para justificar que "los recursos para sostener la aplicación de la Ley están, lo que falta es la voluntad política por parte del Ejecutivo para llevarlo a cabo".Entre los representantes de otras fuerzas políticas y de organizaciones sindicales que se dieron cita para participar del evento destacan José Artusi y Juan Carlos Aguirre, presidentes de la UCR a nivel provincial y municipal respectivamente; María Elena Gile, concejal por el GEN;
Francisco Larocca y Javier Elizalde, referentes de dicha fuerza; Oscar Muntes, Secretario General de ATE Uruguay, junto a jubilados del sindicato estatal; Víctor Arraigada, Secretario General de CTA Uruguay; y Margarita Bracco, por AGMER Uruguay. También se hicieron presentes Pablo Pescio, Secretario General del PS Uruguay, y militantes de la Juventud Socialista de esta ciudad.En cuanto a los pormenores del Proyecto impulsado por la bancada socialista, cabe destacar como aspecto fundamental que se trata de una consulta vinculante, razón por la cual se elimina la posibilidad de un nuevo veto presidencial, ya que se trataría de una Ley votada de forma directa por la población.
