martes, 20 de abril de 2010

El Partido Socialista y la revisión del PECU

Desde el Partido Socialista compartimos, en principio, la necesidad de revisar el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay (PECU). Sin embargo, entendemos que esta acción debe entenderse como la meta a la cual apuntar luego de un proceso y no, como ha ocurrido aquí, como si se tratara de un punto de partida.

La planificación estratégica se concibe como una herramienta esencial de cara al desarrollo urbano, la cual posibilitará que nuestra ciudad empiece a asumir un rumbo y un perfil, atributos que le han sido ajenos hasta el momento. Por ello, para que dicha planificación estratégica sea posible se requiere, ante todo, un cambio sustancial en la manera en que se administra el Estado municipal.

Revisar el PECU -que teóricamente está vigente desde hace 12 años- exige muchas consideraciones previas, especialmente a partir de la Reforma Constitucional de 2008, la cual estableció algunos criterios que ya no pueden ser soslayados en el diseño de una ciudad como Concepción del Uruguay. Por ejemplo, es necesario contemplar la participación ciudadana, la pluralidad de miradas provenientes de los diferentes sectores que integran la comunidad, garantizando así la toma colectiva de decisiones, además de poner previamente a disposición de la ciudadanía toda la información vinculada con la gestión. No existe ninguna posibilidad seria de participación ciudadana si no se conoce cuál es la realidad del municipio, rasgo que caracteriza a la actual gestión, la cual se niega sistemáticamente a brindar datos económicos, financieros y de personal, entre otros, a pesar del rango constitucional del que actualmente goza el acceso a la información pública.

Un plan estratégico serio no se hace en meses, ni mucho menos sobre el final de una gestión. Para que la ciudad tenga en claro hacia dónde quiere ir y cuál quiere que sea su perfil de crecimiento, esto debe sostenerse en el tiempo. Vemos con preocupación que esta convocatoria no contemple a los partidos políticos, pilar fundamental de la democracia según la Constitución Nacional, en el consejo de revisión.

Asimismo, la presente gestión ha desoído la voluntad de la ciudadanía al momento de decidir obras fundamentales para nuestra ciudad, como es el caso del puente a la Isla del Puerto (con un presupuesto equivalente a tres veces el que se utilizó para la Defensa Sur), así como la cesión por 50 años del Mercado 3 de Febrero a manos privadas o el traslado de la Terminal de Ómnibus, obras éstas últimas que modificarán el desarrollo y la vida cotidiana de miles de uruguayenses y para las cuales se desoyó el reclamo para convocar a una audiencia pública para conocer la opinión de los vecinos antes de tomar las decisiones.

Es incoherente y riesgoso para el futuro de la ciudad que se avance en la revisión del PECU, con escasa participación ciudadana, sin información, sin la presencia de los partidos políticos en el consejo de revisión, pero sobre todo dilatando en el tiempo la convocatoria a elecciones para elaborar la Carta Orgánica local, en la cual deberían verse institucionalizados los distintos mecanismos de participación para la toma de decisiones, como lo es el propio PECU o un Consejo Económico y Social en el que participen los distintos actores de nuestra comunidad. El único destino posible de un PECU revisado de esta manera es que se reiteren las experiencias anteriores, donde gestiones sucesivas -incluso del mismo partido- dejaron de lado el trabajo hecho por sus antecesores.

Si la gestión quiere avanzar en un plan de desarrollo estratégico para la ciudad, es preciso poner el carro detrás del caballo y no a la inversa. En resumen, el Partido Socialista entiende que la revisión del PECU requiere de ciertas consideraciones previas, las cuales enumeramos a continuación:
  • Convocatoria a elecciones para redactar la Carta Orgánica Municipal.
  • Disposición pública de toda la información relativa al funcionamiento del Estado municipal, retaceada por la actual gestión.
  • Inclusión de mecanismos de participación popular y de control y transparencia en la Carta Orgánica.
  • Institucionalización del Consejo Económico y Social y del PECU en la redacción de la Carta Orgánica, garantizando dicha participación y control ciudadanos.

20 de abril de 2010,
Junta Departamental Uruguay del Partido Socialista

 

jueves, 1 de abril de 2010

Nota sobre un proyecto del compañero Lisandro Viale en la tapa de Diario UNO


Proponen que todos los colectivos tengan asientos para obesos

En Diputados de la Nación se debatirá una iniciativa que tiene como fin la inclusión. Las unidades de larga distancia tendrán que tener tres asientos adecuados, mientras que las locales uno solo.

Utilizar el transporte público no es un placer, ya sea por el estado de las unidades o por el incumplimiento de los horarios de frecuencia.

Sin embargo, más complicado es para las personas que padecen obesidad o algún tipo de discapacidad motriz. La falta de rampas para subir a los colectivos hasta la ausencia de butacas adaptadas a contextura físicas grandes o lo angosto de los pasillos de circulación, son sólo algunas de las dificultades que deben sortear las personas que sufren sobrepeso o problemas de movilidad que intentan viajar en el transporte público de corta, media y larga distancia.

El tema no es nuevo, e incluso ya se han sancionado normas al respecto como la Ley de Discapacidad que prevé medidas especiales para las personas con diversos impedimentos que no se ejecutan.

El diputado nacional socialista Lisandro Viale presentó el lunes un proyecto de Ley sobre la inclusión de asientos para personas con problemas de obesidad en el transporte público. La iniciativa apunta a terminar con la discriminación a la que las personas obesas son sometidas a la hora de trasladarse.

La iniciativa del legislador entrerriano establece que “todos los transportes públicos de pasajeros, ya sean estatales, privados o mixtos, terrestres, fluviales, ferrocarriles y de aeronavegación, deben contar con asientos especiales para personas con obesidad”. Además, prohíbe expresamente cobrar tarifas diferenciales a pasajeros con estas características. En cuanto a la autoridad de aplicación, establece a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) para el caso de los transportes interurbanos. Una vez reglamentada la ley, los municipios deberían establecer el organismo encargado de controlar a los transportes de su jurisdicción.

El proyecto da cuenta de algunos datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y estudios de estadísticas que indican: “Entre un 50% y un 60% de los adultos en América Latina y el Caribe tiene un peso excesivo o es obeso. Entre los niños menores de 5 años, los índices de obesidad oscilan entre un 7% y un 12%. En países como Chile o México, alrededor de un 15% de los adolescentes son obesos”.

Viale resaltó en los fundamentos: “Podemos interpretar que la obesidad es, en la sociedad, un dato de la realidad y que no se puede considerar una rareza. De esta manera, se pretende con el presente proyecto dar un primer paso en el tratamiento jurídico de las personas obesas como ciudadanos y como usuarios de servicios públicos en igualdad de condiciones que quienes no padecen ese trastorno de la alimentación”.

“Desde el Estado –agrega el texto–, no debe perderse una visión integral de las personas obesas y los distintos ambientes en que desarrollan sus actividades diarias”, indicó el diputado en los argumentos.

En 2008 la Provincia se sumó a la lucha contra la epidemia de la obesidad con la adhesión a la Ley de Prevención, Control y Tratamiento de la Obesidad. La norma generó que las personas con sobrepeso tengan el respaldo de las obras sociales, a pesar de la negativa de las prestadoras. Si bien el proyecto del socialista Viale pretende mejorar la calidad de vida al momento de trasladarse de un lugar a otro de las personas obesas, la denominada ley de obesidad postula en su articulado que “los espacios públicos deberán contar con lugares para personas con sobrepeso”, algo que por lo menos hasta ayer seguía siendo letra muerta.

La Argentina y el sobrepeso
La obesidad es hoy en Argentina una gran preocupación. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 40% de la población sufre esta enfermedad, y la definen como epidemia.

Cabe destacar que como menciona la OMS, la obesidad no es transmisible, y sin embargo, en la actualidad es la segunda causa de muerte evitable después del tabaquismo.

Según estimaciones oficiales, de no mediar un cambio sustancial en los hábitos de vida, en 2010 la población con problemas de peso excederá el 55% y, en 2050, alcanzará el 95%. Las cifras dejan en claro que la obesidad es un problema real y grave que debe ser abordado por el Estado.

“La discapacidad es invisible para el transporte”
Las denuncias por discriminación que se formulan contra el servicio de transporte público en la delegación Paraná del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) van en notorio aumento, contó a UNO Cristina Ponce, titular del organismo.

“La discapacidad es invisible para el transporte público de corta y larga distancia”, precisó Ponce, quien cuestionó a las empresas de colectivos por poner barreras para entregar los pasajes gratuitos que por ley deben otorgar a las personas discapacitadas.

Si bien la funcionaria recibió con beneplácito la propuesta de adecuar las unidades de pasajeros para que las personas obesas puedan viajar, señaló que “si se sanciona sería importante que se lleve a la práctica”, y añadió: “La ley de discapacidad dispone que las empresas tengan rampas en los colectivos para que las personas con capacidades diferentes puedan subir y no se cumple”. En ese sentido, Ponce dijo no estar sorprendida de que los colectivos nuevos que circulan en Paraná no tengan la rampa para discapacitados.

 “Uno ya está acostumbrado a que el tema del transporte y la discapacidad sean un problema invisible”, afirmó Ponce, quien enumeró tres problemas comunes en las unidades de colectivo: falta de líneas, la ausencia de asientos liberados y adecuados y la constante negativa a entregar pasajes gratuitos.

“Las empresas reciben subsidios, ellos no hacen las cosas gratis, pero igual prefieren no adecuarse a la norma para que las personas se puedan trasladar más cómodas”, mencionó la titular de Inadi en la provincia.