El Diputado Nacional por el Partido Socialista presentó en el Congreso un proyecto por medio del cual busca derogar la denominada Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Nº 26.571), por considerar que atenta contra la existencia de los partidos chicos, impidiendo su crecimiento y favoreciendo el bipartidismo. En la fundamentación del proyecto, que fue acompañado por Claudio Lozano (Proyecto Sur), el titular del Partido Socialista de Entre Ríos sostiene que la norma mantiene el sesgo proscriptivo que su bloque había cuestionado durante el efímero tratamiento que se le dio en el Congreso.
Entre los aspectos que reflejan mayor inequidad se señalan:
- El criterio de proporción de afiliaciones en relación al padrón como requisito para el reconocimiento y caducidad de los partidos políticos, lo cual implica un avasallamiento a la evolución que históricamente ha experimentado el sistema político argentino, poniendo en peligro la existencia de numerosas fuerzas con representación parlamentaria. Además, este punto perjudica a las provincias con menor cantidad de electores, ya que supone requisitos cuantitavitamente semejantes para provincias cuyo padrón electoral es sumamente desigual, como es el caso de Entre Ríos y Buenos Aires, provincias en las que la diferencia de afiliados requeridos no alcanza los 500, siendo que la población bonaerense es más de 10 veces superior a la entrerriana.
- Mantiene en la órbina del Ministerio del Interior la distribución de los aportes partidarios, además de otras atribuciones en relación con la pauta publicitaria en los medios de comunicación. Ello, tal y como se ha podido ver en las últimas elecciones, permite al Poder Ejecutivo tener un control discrecional sobre el proceso y supone un riesgo a la transparencia y la equidad a favor del oficialismo.
- Asigna nuevas atribuciones que resultan inaceptables a la Dirección Nacional Electoral (dependiente del Ministerio del Interior), dejando recaer sobre el Ejecutivo una serie de potestades que deberían estar bajo la órbita del Poder Judicial, independiente del poder de turno.
- Impone como requisito la presentación de una elevada cantidad de avales para la postulación de candidatos en las elecciones primarias, mientras que por otro lado no se expresa en contra de las candidaturas testimoniales y otros tipos de mecanismos de coacción destinados a intervenir sobre la libre expresión del electorado.
Al mismo tiempo, Viale expresa que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo incluyó, en principio, disposiciones transitorias solicitadas por la oposición, las cuales fueron incorporadas con el propósito de obtener los votos necesarios para su aprobación, ya que limitaban el carácter proscriptivo de la norma, pero fueron luego vetadas por el propio Ejecutivo, revelando las verdaderas intenciones del gobierno al querer controlar de la manera más arbitraria posible el sistema político.
Concluye sosteniendo que el objetivo primordial -de la reforma política- debe ser el de mejorar la calidad de las reglas de juego del sistema político, jaciéndolo más transparante y confiable, más inclusivo y equitativo, y sobre todo, mucho más participativo.
