Por Luz Alcain, publicado en El Diario de Paraná
Hasta el momento, la Convención Constituyente dio los primeros pasos concretos en reformar la Constitución.
De la Constitución provincial de 1933 retocó los artículos que a todas luces constituyen una rémora de tiempos pasados, aspectos que se dan de bruces con la democracia y la república tal como se la concibe en este siglo que recién empieza.
Así, se nos desobligó del bizarro compromiso de tener que armarnos "a requisitoria de las autoridades constituidas" y se le quitó a la Legislatura la facultad de autorizar o desautorizar la acción de una milicia reunida por el Ejecutivo.
Así, se actualizaron las previsiones laborales de diputados y senadores que ahora tendrán un período de sesiones ordinarias de diez meses, dejando de lado el breve lapso de cuatro meses instaurados por una Constitución sancionada en tiempos en que no era fácil para un legislador de Feliciano, llegar a Paraná cada semana.
Se cumplió con los departamentos creados desde 1933 a esta parte –Federal, San Salvador e Islas- y se los incluyó en la enumeración que hace el artículo 2º.
Es de destacar el avance en algunas herramientas institucionales para Entre Ríos, como la creación de la figura del Defensor del Pueblo. De todos modos, no se esperaba otra cosa de la Convención Constituyente ya que se trata de un instituto –como hay otros- que no son novedad para cualquier jurisdicción que haya modificado su Carta Magna en los últimos 15 años.
Fue recién en la última sesión cuando empezaron a insinuarse debates políticos más profundos. Se empezaron a poner en juego las opciones respecto de qué reglas de juegos se pretenden instaurar en Entre Ríos para el funcionamiento de las instituciones.
En este sentido, no fueron felices los argumentos de las bancadas mayoritarias –Frente Justicialista para la Victoria y Unión Cívica Radical- cuando se resolvió rechazar el proyecto de la Coalición Cívica – Partido Socialista que propicia la reforma del artículo 51 de la Constitución vigente.
El artículo en cuestión es el que prevé el modo en que se distribuyen las bancas en la Cámara de Diputados. Allí se garantiza al partido que gana la mitad más uno de los cargos aún cuando no haya obtenido la mitad más uno de los votos de la población. Las bancas restantes, según se prevé en el artículo 51, se distribuyen entre las distintas fuerzas políticas, proporcionalmente de acuerdo a los sufragios obtenidos por cada lista.
La propuesta de la CC - PS impulsaba la eliminación de esa garantía al partido que gana (conocida como "cláusula de gobernabilidad") y, en cambio, propiciaba la distribución por sistema proporcional D'Hont de todas las bancas de la Cámara baja. Los autores del proyecto argumentaron a favor de las políticas sostenidas en el consenso, subrayaron la importancia que la cámara baja refleje, en proporción, la voluntad del electorado, se cuestionó la posibilidad de sostener una "mayoría forzada" para el partido de gobierno, en detrimento de las minorías.
Los argumentos de la mayoría no fueron felices por cuanto reiteraron consignas como "nunca generó inconvenientes por lo que no hay por qué eliminar la cláusula de gobernabilidad". O se enumeraron casos supuestamente paradigmáticos según los cuales derivarían crisis institucionales de la falta de un Ejecutivo fuerte. O que la existencia de una oposición dispersa llevaría a trabar la acción legislativa.
Se recomendó, en este marco, mirar la realidad en vez de hacer ensayos que lleven a inimaginables problemas institucionales. Se señaló que las minorías no gobiernan como si de eso se tratara la propuesta de la CC- PS.
En suma, antes que imaginar el mejor modo para el ejercicio de la política, se desconfió de ella; antes que pensar formas más justas para la distribución de cargos públicos, se prefirió poner a resguardo la mayoría automática adicta al gobernador; antes que proponer un desafío a las instituciones entrerrianas, se optó por la regla de 1933 que "no molesta".
Y cuando casi todo está por discutirse –se trata nada más y nada menos que de la reforma de la Constitución-, cuando está pendiente revisar los organismos de control, pensar los municipios librados a la autonomía, imaginar formas de participación popular, sería interesante escuchar mejores argumentos.
Está en juego, en definitiva, si es posible pensar una provincia que funcione de otro modo, o si alcanza con una reforma tibia que se note poco y nada.
