Los candidatos y candidatas a Diputados de la Nación por el Partido Socialista de Entre Ríos, asumimos un compromiso con la ciudadanía entrerriana con el objeto aportar a la transformación nacional, expresando que impulsaremos los 10 puntos básicos que a continuación se detallan:
1- El Cumplimiento de la Garantía establecida en el artículo 7 de la ley de coparticipación que determina un piso mínimo de recursos coparticipables del 34% sobre el total de los ingresos recaudados por la Administración Central. Reconocimiento por parte de la Nación de la deuda acumulada a favor de las provincias por este incumplimiento por el período 2003-2008 que asciende a $ 83.344 millones de pesos.
2- Una Nueva Ley de Coparticipación Federal conforme a los principios que establece la Constitución Nacional: solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad. Esta ley deberá suponer el fin a la discrecionalidad en el reparto de los recursos desde el poder central, incorporando entre los recursos coparticipables el Impuesto sobre los débitos y créditos bancarios (Impuesto al Cheque) y eliminando las detracciones que se realizan de la masa coparticipable y por ende perjudican al conjunto de las provincias (la suma fija que se detrae del Bruto de Impuesto a las Ganancias, el 2% que se detrae del Neto de Impuesto a las Ganancias, el 1% que se detrae del Impuesto a los Bienes Personales, entre otros).
3- Una reforma tributaria integral que revierta el carácter regresivo del sistema vigente, disminuyendo los impuestos al consumo e incrementando la contribución de las grandes rentas y ganancias, y contemple: Reducción de las alícuotas del IVA y su eliminación en los productos de la Canasta Alimentaria, Impuestos a las Grandes Herencias, eliminación de las exenciones vigentes en el Impuesto a las Ganancias de la renta financiera.
4- La responsabilidad indelegable del Estado en la protección de la vida y los bienes de las personas, abordando la política de seguridad ciudadana como una política de Estado. Crear un Fondo Federal de Apoyo a la implementación Provincial de Políticas de Seguridad, destinadas al financiamiento de reformas en las instituciones policiales y judiciales. Crear Centros Territoriales de Atención Integral de Violencia integrados por equipos profesionales con competencias disciplinarias en la prevención y atención en la materia; un Registro Federal Único de Casos y Estadísticas de Violencia; la puesta en marcha de una Red Federal de Organizaciones Estatales y Civiles por la Convivencia y la Seguridad y la Formación Curricular Escolar en hábitos no violentos de resolución de conflictos y disputas.
Legislar un nuevo Régimen Legal Juvenil aplicable a personas entre 14 y 18 años en conflicto con la Ley penal, para que no sean juzgados en el sistema penal general, con responsabilidad penal a partir de los 14 años y con garantías del debido proceso y como medida punitiva de excepción, la privación de libertad en institutos especiales. Esta medida debe completarse con un Ingreso Universal para la Niñez y la Adolescencia (ver punto 5) y la Designación del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, creado por la Ley 26.061
5- Políticas sociales universales que logren romper los mecanismos clientelares de las políticas focalizadas que consolidan la exclusión. En ese sentido impulsamos la creación de un Ingreso Ciudadano de la Niñez que asegure la cobertura de las necesidades básicas de los que menos tienen y gradualmente se constituya como un derecho al que acceda todo argentino por su sola condición de ciudadano.
6- La recomposición de los haberes a los jubilados con movilidad del 82 % asociada al salario, garantizando los fondos provisionales para los futuros jubilados y creando un beneficio universal para los mayores de 65 años.
7- En cuanto al sector agropecuario promovemos un nuevo régimen de retenciones a las exportaciones que, basado en un esquema de segmentación progresivo, beneficie especialmente a los pequeños y medianos productores. Por otra parte creemos fundamental la implementación de un Plan Nacional Agropecuario con un horizonte de mediano plazo, una nueva ley de arrendamientos, créditos blandos para recomponer el capital de producción y el desarrollo y protección de las economías regionales, la actividad lechera, ganadera y agropecuaria en general.
8- En materia de políticas de salud, debe garantizarse el acceso universal a la atención de salud a través de un sistema eficaz y transparente basado en la estrategia de atención primaria, la prevención, la participación ciudadana y la calidad de la atención, con redes que integren el conjunto de servicios existentes por niveles progresivos, a través de la sanción de una ley de Sistema Único de Salud que contribuya a garantizar la accesibilidad, la equidad y la calidad y la participación en la atención integral de la salud a todos los habitantes del territorio nacional, mediante el ordenamiento de los recursos públicos prestacionales y económicos en un Sistema Único de Salud (SUS) y creación de un Sistema Federal de Salud sobre la base de los servicios públicos jurisdiccionales con la coordinación activa del Consejo Federal de Salud.
9- Un nuevo modelo educativo que promueva la formación e inclusión social de todos los sectores de nuestra población, a través de la puesta en marcha de la nueva Ley Nacional de Educación garantizando los recursos para dar respuesta a las necesidades de infraestructura escolar en todas las provincias del país y una real recomposición de salarios para el sector docente; la sanción de una nueva Ley de Educación Superior que asegure el ingreso irrestricto y la gratuidad de la enseñanza, la autonomía y el cogobierno universitario igualitario de estudiantes y docentes, y el adecuado cumplimiento de las funciones de la docencia, investigación y extensión; y la implementación de un Programa de Becas nacional que remueva todas las barreras existentes para el acceso al sistema educativo.
10- La aplicación de medidas para preservar el empleo en el marco de la actual crisis económica y financiera global; la formalización y estabilidad a través de la generación de empleo decente; el pleno respeto de la jornada laboral de 8 horas; la creación de Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el trabajo, la democratización del modelo sindical y otorgamiento de la personería gremial a la CTA.
