El jueves 14 de febrero el Concejo Deliberante dio tratamiento a un proyecto de ordenanza enviado por el Ejecutivo municipal a fin de modificar el uso del denominado circuito Mena de distrito verde a área residencial, para dar asiento o soporte físico a las 160 viviendas enmarcadas en los anuncios del gobierno provincial sobre la “erradicación de villas”. Esto en sí mismo no parece erróneo, todo lo contrario, resulta auspicioso que el Gobierno reconozca y asuma la deuda social con una parte de las más de 700 familias que en nuestra ciudad no pueden acceder al derecho de una vivienda digna, y lo que ello conlleva.
Ahora bien, con el desgastado argumento de la urgencia el justicialismo uruguayense sigue resolviendo los temas importantes con improvisadas acciones no participativas, ya que solo se invitó a los bloques sin difusión pública ni convocatoria social a una única reunión en el ámbito del poder Ejecutivo, veinte minutos antes de que se realice, y el único abordaje legislativo con estado parlamentario que se le dio al proyecto fue un apurado tratamiento sobre tablas.
Además que se haya fundamentado la ordenanza, entre otros considerandos, con que el terreno circuito Mena entró del distrito urbano de reserva verde, incluido en el Plan Estratégico de Concepción del Uruguay de 1999, cuando había dejado de ser un espacio por propio incumplimiento municipal, al transformarlo en cantera de broza y ripio y de que, como condición futura e improbable, la Isla del Puerto prevé un “espacio recreativo”, volviendo innecesario mantener o recuperar la reserva verde en cuestión, es también parte de la precipitación y la actuación legislativa tras de los hechos consumados.
Preguntas sin respuestas
Del análisis de la cuestión que hemos realizado, se desprendieron preguntas sobre las que nadie nos respondió antes de haberlo votado:
¿Era necesario utilizar esta reserva de espacio verde, como el único suelo disponible o de posible utilización?
¿No hay otros terrenos posibles y mejores?
¿Existe un relevamiento preciso de ello, hay familias habitándolo?
¿Hay un programa que permita censar, cuantificar, cualificar y establecer un registro único sobre áreas urbanas ocupadas informalmente y habitadas con un alto grado de vulnerabilidad, generando un sistema de información útil para la toma de decisiones?
¿Está garantizado que sólo será para viviendas sociales, ya que del texto de la ordenanza esto no se desprende, y puede derivar luego en loteo para vivienda con otros destinos inmobiliarios o de especulación financiera?
¿Cómo está previsto que convivan las obras con quienes viven en los terrenos, si esa fuera la situación?
¿En todos los casos se necesita obra nueva. En ninguno hubo completamiento, valorando algo de la obra existente (vivienda actual)?
Improvisados
La necesidad de que la política pública se asiente en la planificación, la previsión y la participación resulta de que la cuidad es un continuo de determinaciones históricas y decisiones políticas, culturales, administrativas, técnicas y económicas que se enlazan y configuran nuestro hábitat social.
En este entramado de intereses el Estado, es quien a través de sus acciones debe aportar una mirada inclusiva, innovadora y con visión de futuro que permita el disfrute de la ciudad a todos los ciudadanos, sin discriminación.
Nos preocupa que se sigan resolviendo cuestiones tan importantes de este modo, ya que esta reserva verde que se entrega, se hace con el argumento de que en algún momento (o sea en un futuro potencial) sería compensado por otro, si la Provincia destina un espacio en el proyecto que contempla para la nueva Isla del Puerto para injerencia municipal, y como si, los espacios verdes fueran tan sencillamente intercambiables o canjeables.
No obstante a haberlo votado afirmativamente, motivada más que nada por lo caro y sensible del tema para nuestra o cualquier sociedad, como lo es el acceso a la vivienda digna, y con el convencimiento de la necesidad de su promoción para la evolución de nuestra comunidad.
Por último resaltamos que el paradigma de erradicación como enfoque, político-sociológico ha sido sustituido en una línea más progresista que prioriza la urbanización lo cual implica también reconocer a quienes son los habitantes de los asentamientos. Significa llevar el Estado, el espacio público y los servicios a estos barrios precarios realizando mejoras y cuidando del entorno.
Advertimos una vez más que debió brindarse un tratamiento más abierto que permita la mayor cantidad de aportes que pudieran surgir o la posibilidad de evacuar inquietudes importantes al respecto por parte de quienes son los representantes del pueblo, y definen en función de sus derechos.
En síntesis debemos pensar el derecho a vivir plenamente en la ciudad, como núcleo de inclusión, ya que integra a otros derechos: a la vivienda, al espacio público, al acceso a la centralidad, a la movilidad, a la visibilidad en el tejido urbano, a la identidad del lugar, al trabajo, a la educación, a la salud, entre otros, disponiendo de un efectivo derecho a la movilidad y a la inserción social.
Prof. Veronica Magni (Concejal Partido Socialista); Arq. Marcos Di Giuseppe (Ateneo Crisologo Larralde)
Concepción del Uruguay ER
